Con más de 107 millones de usuarios conectados, México es una de las potencias digitales de América Latina. Esta conectividad debería fortalecer la democracia, pero bajo la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se convierte en el blanco perfecto de un modelo autoritario digital.
Mexconomy - México ocupa el puesto 11 a nivel mundial en número de usuarios de internet, con una cobertura del 83.2% de su población. Esta cifra representa algo más que un avance tecnológico: es el cimiento de una sociedad informada, plural y conectada. Pero también es el territorio ideal para el control masivo de información si el poder cae en manos equivocadas.
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorga al gobierno, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), facultades para vigilar, regular y bloquear plataformas digitales. En un país donde más de cien millones de personas acceden a noticias, redes sociales, educación y participación cívica por internet, esta capacidad representa un arma sin precedentes.
El problema no está en la digitalización, sino en el uso que se hace del poder que la respalda. Controlar internet es controlar la narrativa nacional. Impedir el acceso a plataformas incómodas, silenciar cuentas críticas, imponer criterios técnicos sobre qué se puede ver, leer o compartir: eso es lo que permite esta ley, en un entorno donde la mayoría oficialista domina el Congreso y busca subordinar al Poder Judicial.
Con esta legislación, el Estado mexicano no solo regula el espectro radioeléctrico, sino que extiende su mano sobre el flujo de datos, opiniones y contenidos que circulan por redes sociales, medios digitales y plataformas internacionales. Lo hace con justificaciones ambiguas como la “defensa de la soberanía” o la “prevención de propaganda extranjera”, términos lo suficientemente vagos para castigar cualquier disidencia.
En una sociedad donde más de ocho de cada diez personas están conectadas, el control del internet no es un tema técnico. Es un asunto político y democrático de primer orden. Y en manos de un gobierno que concentra poder, este control se convierte en una amenaza directa a las libertades fundamentales.
La LMTR no es solo una ley: es una infraestructura jurídica para la censura masiva. Y en un país con 107 millones de personas conectadas, el riesgo no es menor: es nacional.
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